La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa del futuro para convertirse en una realidad ineludible. Hoy, modelos avanzados de IA toman decisiones estratégicas, generan contenido y resuelven problemas con una eficiencia sin precedentes. En este contexto, el CONPES 4144 representa el esfuerzo de Colombia por ingresar en esta nueva era tecnológica. Pero la pregunta que no puede eludirse es: ¿es suficiente?
El CONPES 4144: un punto de partida, no un punto de llegada
El Documento CONPES 4144 de 2022, titulado "Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial", constituye el instrumento de política pública más ambicioso que Colombia ha producido en materia de tecnología. Su arquitectura normativa articula cinco ejes estratégicos: habilitadores transversales, adopción tecnológica en el sector público, transformación productiva del sector privado, desarrollo del ecosistema de innovación y, de manera transversal, la gobernanza ética de los sistemas de inteligencia artificial.
En términos de diagnóstico, el documento es riguroso: identifica la brecha de conectividad que afecta al 37,3% de los hogares colombianos sin acceso a internet de banda ancha, la escasez de talento especializado en ciencias de datos e ingeniería de software, la fragmentación institucional que dispersa los esfuerzos de digitalización del Estado, y la ausencia de marcos regulatorios específicos para la IA que generen certeza jurídica a los actores del ecosistema.
Sin embargo, el diagnóstico correcto no garantiza la terapia eficaz. El desafío no radica solo en adoptar IA, sino en desarrollarla y adaptarla a nuestras necesidades. La dependencia de tecnología extranjera y la falta de inversión sostenida en investigación y desarrollo pueden relegarnos a un papel secundario —y estructuralmente subordinado— en esta revolución digital.
Las barreras que el CONPES no puede ignorar
Toda política pública de transformación digital en Colombia debe enfrentarse a dos obstáculos sistémicos que el propio CONPES 4144 reconoce, aunque con una prudencia retórica que a veces atenúa su gravedad real.
La corrupción como disruptor de la política tecnológica
La corrupción en la contratación pública de tecnología no es un fenómeno marginal en Colombia. Los escándalos asociados a contratos de software, plataformas de gestión estatal y proyectos de infraestructura digital han demostrado, con reiteración estadísticamente significativa, que la inversión pública en tecnología es un vector de captura institucional cuando los mecanismos de control son débiles. Un CONPES que destina billones de pesos a transformación digital sin fortalecer simultáneamente los sistemas de auditoría, la transparencia contractual y la rendición de cuentas técnica corre el riesgo de convertirse en un instrumento de redistribución de rentas, no de generación de capacidades.
La brecha digital: el problema de la IA sin ciudadanos conectados
Hablar de inteligencia artificial en un país donde más de un tercio de los hogares carece de conectividad de banda ancha es, en el mejor de los casos, una conversación incompleta. La IA no es una tecnología que opere en el vacío: requiere infraestructura de datos, capacidad de procesamiento distribuida, alfabetización digital de los usuarios y marcos institucionales que garanticen que sus beneficios se distribuyan equitativamente. Sin resolver la brecha digital de base, la política de IA corre el riesgo de profundizar las desigualdades existentes en lugar de atenuarlas, concentrando los beneficios de la automatización en los sectores ya conectados y relegando a los más vulnerables a una posición de mayor exclusión relativa.
Análisis crítico
Soberanía Tecnológica y la Trampa de los Data Centers
Existe una dimensión del CONPES 4144 que merece un análisis más incisivo del que la política pública suele concederse a sí misma: el riesgo de que Colombia transite de ser un país receptor de inversión tecnológica a ser un territorio de externalización de impactos negativos de la infraestructura digital global.
La proliferación de centros de datos (data centers) en América Latina —y Colombia no es la excepción— ha sido presentada sistemáticamente como un indicador de progreso tecnológico y de atracción de inversión extranjera directa. Sin embargo, esta narrativa omite una variable crítica que el propio CONPES 4144 aborda de manera insuficiente en su eje de habilitadores transversales: el consumo energético y el impacto ambiental de la infraestructura de procesamiento de datos a escala industrial.
Un centro de datos de escala media consume entre 20 y 50 megavatios de potencia continua, equivalente al consumo eléctrico de entre 15.000 y 40.000 hogares colombianos. Los grandes hiperescalares —Google, Microsoft, Amazon, Meta— operan instalaciones que superan los 100 MW por campus. Si Colombia no exige estándares de eficiencia energética vinculantes como condición de operación, estará subsidiando con sus recursos naturales y su infraestructura eléctrica la rentabilidad de actores globales que procesan datos de usuarios de todo el mundo, sin que el valor generado por ese procesamiento se quede en el territorio nacional.
El CONPES 4144, en su diagnóstico de infraestructura tecnológica, reconoce la necesidad de fortalecer la conectividad y la capacidad de procesamiento nacional. No obstante, la política no establece con suficiente precisión los mecanismos mediante los cuales Colombia transitará de ser un receptor pasivo de infraestructura digital extranjera —que arrienda su territorio, consume su energía y absorbe el calor residual de sus procesadores— a ser un actor con soberanía tecnológica real, capaz de generar, procesar y monetizar sus propios datos bajo condiciones de autonomía estratégica.
Esta distinción no es semántica: es la diferencia entre una política de IA que fortalece la capacidad productiva nacional y una que profundiza la dependencia tecnológica bajo la apariencia de modernización. Prestar el territorio para que otros procesen sus datos no es transformación digital; es una nueva forma de extractivismo, esta vez de recursos energéticos y de infraestructura, en lugar de minerales o hidrocarburos.
La solución no pasa por rechazar la inversión en infraestructura digital —que Colombia necesita con urgencia—, sino por establecer condiciones claras y exigibles:
Estándares mínimos de eficiencia energética (PUE — Power Usage Effectiveness) para todo centro de datos que opere en territorio colombiano, con metas de reducción progresiva alineadas con los compromisos climáticos del país bajo el Acuerdo de París.
Obligación de uso de energías renovables certificadas para operaciones de procesamiento de datos a escala industrial, aprovechando el potencial solar, eólico e hídrico del país.
Transferencia tecnológica efectiva como condición de los incentivos tributarios otorgados a operadores de infraestructura digital, de modo que Colombia desarrolle capacidades propias de ingeniería de sistemas y no solo mano de obra de mantenimiento.
Localización de datos estratégicos del Estado colombiano en infraestructura soberana o bajo contratos con cláusulas de auditoría, portabilidad y reversibilidad que garanticen que la información pública no quede rehén de proveedores extranjeros.
En síntesis: Colombia no puede permitirse ser el disipador térmico de la revolución de la inteligencia artificial global. Si los procesadores que alojan los modelos de IA del mundo van a generar calor, consumir agua y demandar energía en suelo colombiano, ese costo debe estar compensado por una transferencia real de valor, capacidad y soberanía tecnológica hacia el país.
Lo que el éxito requiere: voluntad, no solo política
El éxito de la inteligencia artificial en Colombia dependerá de la capacidad del Estado y el sector privado para materializar esta política más allá del documento. Se necesita una voluntad firme —institucional, presupuestal y política— de transformar la infraestructura tecnológica, invertir en talento humano de alto nivel y garantizar una regulación clara que fomente la innovación sin descuidar los principios éticos que deben gobernar el uso de sistemas automatizados de decisión.
El CONPES 4144 establece metas cuantificables: incrementar al 70% la cobertura de internet de banda ancha, formar 100.000 talentos digitales, digitalizar el 80% de los trámites del Estado y posicionar a Colombia entre los diez países de América Latina con mayor índice de preparación para la IA. Estas metas son ambiciosas y necesarias. Pero las metas sin mecanismos de seguimiento vinculantes, sin presupuesto asignado con certeza plurianual y sin rendición de cuentas técnica independiente son, en el mejor de los casos, aspiraciones bien intencionadas.
La regulación de la IA, en particular, exige un enfoque que Colombia aún no ha consolidado: uno que sea basado en riesgos —como el modelo europeo del AI Act—, que diferencie entre aplicaciones de bajo impacto y sistemas de decisión automatizada de alto riesgo en áreas como justicia, salud, crédito o seguridad, y que establezca responsabilidades claras para los operadores, desarrolladores e integradores de estos sistemas en el territorio nacional.
El punto de inflexión: una decisión que no admite postergación
"Estamos en un punto de inflexión. Podemos aprovechar la IA para impulsar el desarrollo del país o quedar rezagados en la carrera tecnológica."
GOMEZ LEGALCORP — Columna de Opinión
La decisión no es binaria entre adoptar IA o rechazarla. La decisión real es entre ser sujeto activo de esta transformación —con política pública robusta, regulación inteligente, inversión sostenida y soberanía tecnológica— o ser objeto pasivo de ella, absorbiendo sus externalidades negativas mientras otros capturan el valor que genera.
Colombia tiene los recursos naturales, el talento humano y la posición geográfica para aspirar a un rol protagónico en la economía digital de América Latina. El CONPES 4144 es un punto de partida necesario. Pero la distancia entre la intención de política y el impacto real solo se cierra con ejecución, con control, con exigencia ciudadana y con la determinación de no conformarse con ser el territorio donde otros procesan sus datos, disipan su calor y extraen su valor.
La decisión es nuestra. Y el tiempo para tomarla no es ilimitado.
En GOMEZ LEGALCORP asesoramos a empresas y organizaciones en el cumplimiento normativo asociado a la transformación digital, la protección de datos personales, la responsabilidad jurídica en el uso de sistemas de inteligencia artificial y la estructuración de contratos tecnológicos bajo el marco regulatorio colombiano vigente.
Porque en la era de la IA, el derecho no es un obstáculo para la innovación: es su garantía de sostenibilidad.
Referencias
- Departamento Nacional de Planeación. (2022). CONPES 4144 — Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Bogotá: DNP.
- Comisión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 — Ley de Inteligencia Artificial (AI Act).
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2023). Informe de conectividad y brecha digital en Colombia.
- International Energy Agency. (2024). Electricity 2024 — Analysis and Forecast to 2026. IEA.
- Uptime Institute. (2024). Global Data Center Survey 2024.
- Acuerdo de París. (2015). Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Colombia.